Tras la comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el plan de desescalada, el sector hostelero ha empezado a dar su opinión, y en general no es muy favorable.

La Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca) ha mostrado su preocupación por la medida que establece que en la primera fase, que se iniciará el próximo 11 de mayo, sólo se podrá ocupar el 30% del espacio de las terrazas. "Este porcentaje", argumenta su director general, José Manuel Fernández, "imposibilita el cubrir ni siquiera los costes, la apertura mínima inicial debe situarse en un 50%, con la ampliación de los espacios de las terrazas, garantizando las distancias de seguridad y medidas de higiene e incluyendo en la apertura parte del interior de los locales". Solo así, añade, "sería minímamente posible la viabilidad de la reapertura de un sector tan clave para la economía y en el que la distribución forma parte fundamental de la cadena de abastecimiento".

Más contundente ha sido la reacción de 130 hosteleros de Madrid, Barcelona y Zaragogoza que han firmado un comunidado de prensa en el que quieren poner de manifiesto su disconformidad con las medidas anunciadas. Con Alex Pérez (Grupo El Escondite) como portavoz, los empresarios, que representan a más de 370 locales que emplean a más de 3.000 trabajadores, propone que se favorezca que los arrendatarios de locales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure la situación excepcional que se deriva de la declaración del Estado de Alarma, que los ayuntamientos contribuyan a paliar la crisis que vive el sector y que preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (exención de tasas, IBI, ayudas directas al pago de alquiler…), que el Gobierno garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que garantiza la figura jurídica del Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor  hasta que haya señales de recuperación en el corto y medio plazo. Además, exigen la realización de tests de diagnóstico a todos los profesionales de este sector y dejan claro que no abrirán sus negocios hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes.